Preocupada por la “legitimación” que está ganando en Santa Fe una campaña ruralista para restringir el acceso a ciertos comercios y lugares públicos a legisladores K que votaron a favor del proyecto de retenciones a las exportaciones de grano en el Congreso, la delegada santafesina del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) advirtió que este fenómeno infringe la ley y fomenta la segregación frente a la diversidad política.
“Podría haber ido con un Juez e iniciado una causa penal, pero me parece que el forma más constructiva era con una carta”, dijo la denunciante Stella Maris Vallejos, quien confesó estar muy preocupada por el avance de estos afiches ruralistas que aparecen pegados en los accesos de quiscos, estaciones de servicio y restoranes, entre otros locales.
En conversaciones con la prensa, Stella Maris dijo que la carta enviada a los comercios fue motivada por el incremento de la “actitudes de violencia hacia algunos legisladores”, principalmente, “desde la votación” en el Congreso. “A lo mejor estos propietarios desconocen que están infringiendo la ley, por eso incitamos a que cesen en la actitud”, confesó.
La denuncia de la delegada del INADI tuvo mucha repercusión en la opinión pública de la provincia, ya que es vox populi que desde la famosa votación del Congreso, las distintas Sociedad rurales imprimen este tipo de afiches y fomentan su pegatina. Incluso, en la Exposición agropecuaria de Reconquista 2008, se incluye un cartel en la entrada en donde se explicita qué personas no pueden ingresar.
DOCUMENTO QUE ENVIÓ EL INADI A COMERCIOS E INSTITUCIONES QUE "PROHIBEN" EL INGRESO A LEGISLADORES QUE VOTARON A FAVOR DE LAS RETENCIONES MÓVILES.
"Me dirijo a Ud. en mi carácter de Delegada Provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para expresar la preocupación del organismo que represento ante una serie de conductas llevadas a cabo en lugares de público acceso en nuestra provincia (comercios e instituciones), los cuales estarían promoviendo y llevando a cabo la restricción de ingreso a determinados/as legisladores/as nacionales, amparados supuestamente en el denominado ´derecho de admisión´.Es necesario destacar que dichas conductas se encuentran en contraposición a nuestra Constitución Nacional (artículos 16, 75 incs. 19, 22 y 23) en lo que respecta al derecho a la igualdad (y su correlato en el principio de NO discriminación) de todos/as los/as ciudadanos/as de nuestro país al libre acceso y permanencia en lugares de público acceso, como así también al artículo 1 de la ley 23.592.Para que el marco jurídico referido sea una realidad es necesario hacer una revisión permanente de actitudes y comportamientos lesivos de la igualdad entre las personas.La conducta de exhibir carteles en las puertas de ingreso de determinados lugares, con la ´prohibición´ de ingreso para determinadas personas por sus ideologías u opiniones políticas, es un acto claramente encuadrable en los términos de la ley 23.592 y reprochable por su manifiesto carácter discriminatorio.Hoy, la obligación del Estado argentino de respetar, garantizar y sancionar las vulneraciones a los derechos humanos, no puede ponerse en duda. El Estado se encuentra obligado también a prevenir futuras violaciones.Recalcamos que el Congreso Nacional es el ámbito democrático de discusión política de los/as representantes de la ciudadanía y es en dicho ámbito donde sus miembra/os expresan la diversidad de opiniones propias de la sociedad (diversidad que se resuelve mediante el voto).Los/as diputado/as que ejercen dicha responsabilidad de acuerdo a sus convicciones, tienen (como cualquier otro/a ciudadano/a) derecho a poder circular por toda nuestra provincia con la libertad que es ínsita a todo ser humano, sin restricción alguna. En ese sentido, el INADI ha sostenido reiteradamente que el ejercicio del denominado ´derecho de admisión´ debe ser fundado siempre en pautas objetivas y razonables para ser legitimado, y obviamente ajeno a un ejercicio abusivo de dicho ´derecho´ que conlleve a la violación de derechos y garantías constitucionales, como lo son la igualdad y NO discriminación de todos y todas.Es por ello que desde esta delegación del INADI alertamos sobre estos episodios contrarios a la normativa nacional e internacional de derechos humanos, en sus dos postulados básicos: el principio de igualdad y de no discriminación.Es mi intención mediante la presente realizar un aporte a fin de que cesen tales conductas discriminatorias, con el compromiso y deber que se desprende de mi función, y en el deseo de fortalecer los valores democráticos.Saludo a Ud. atentamente quedando a vuestra disposición.Stella Maris VallejosDelegada del INADI Santa Fé. (Fuente: Diario Critica de la Argentina).
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