Brasileños, argentinos y paraguayos encabezaron, durante el 2008, la lista de extranjeros "no comunitarios" rechazados en los cada vez más restrictivos controles migratorios que realiza España en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.
Según un despacho de la agencia EFE, basado en datos provisionales, el rechazo de argentinos fue el que más creció -siempre en ese aeropuerto- entre 2007 y 2008. Lo hizo en un 209%, al saltar de 383 a 800 casos.
En cambio, los brasileños, si bien siguen estando primero en cantidad total de expulsiones, vieron disminuir el número de un año a otro: de 2.764 casos en 2007 a 2.500 en 2008. La deportación de ciudadanos del principal integrante del Mercosur causó un fuerte rechazo del gobierno de Lula Da Silva, que implementó condiciones iguales a las de España a la hora de admitir españoles en Brasil.
De acuerdo con EFE, durante 2008 las autoridades migratorias tramitaron unos 12.000 expedientes de expulsión en Barajas (unos 30 diarios), lo que supone un 32% menos que en 2007 cuando se registraron 17.408 casos.
Fuentes aeroportuarias señalaron a Efe que hay que tener en cuenta el descenso global de pasajeros registrado en el aeropuerto de Madrid-Barajas y la imposición de visado a los ciudadanos bolivianos en abril de 2007.
EN CARNE PROPIA. El caso más resonante en los últimos tiempos ocurrió en marzo de 2008 cuando una ciudadana del nordeste de Brasil fue deportada mientras intentaba realizar un viaje de placer de 20 días por España y visitar a su novio de este pais.
El rechazo de viajeros brasileños en España provocó malestar entre ambos países, por lo que se establecieron contactos dirigidos a intentar mejorar la situación. Así, se decidió desarrollar distintas fórmulas de cooperación policial con la máximas garantías para los viajeros de ambas nacionalidades y para mejorar la situación de los no admitidos en los aeropuertos.
Al igual que los argentinos, otra nacionalidad que incrementó las cifras de rechazo es la paraguaya, con 634 en 2007 y más de 1.500 en 2008.

En la mayoría de los casos, la prohibición de entrada en España a los viajeros se produce por la carencia de los documentos exigidos por la ley, como son la carta de invitación o el billete de regreso, así como por la falta de los medios económicos determinados para su mantenimiento durante la estancia.
Desde 1990 España se convirtió en un país receptor de inmigrantes, el territorio español esta poblado por un 11% de ciudadanos extranjeros, la mayor cifra de los últimos 28 años. De todos los inmigrantes Iberoamérica es la región que más ciudadanos introdujo en la península con el 36%, de ellos ecuatorianos (11,13%), colombianos (6,40%), argentinos (3,63%) son las nacionalidades de los países que más aportan.
Según datos del censo correspondientes al 1 de enero de 2008 indican que las personas nacidas en Argentina que viven en España son 286.760. Estas son cifras provisionales, que el Instituto Nacional de Estadística deberá corroborar. Hace unos días argentinos que debían viajar a Buenos Aires protagonizaron un verdadero escándalo en el Aeropuerto de Barajas. (Fuente: Diario Critica de la Argentina).

Las autoridades francesas expulsaron de su territorio a 29.796 inmigrantes en situación irregular durante 2008, con lo que se superó el objetivo fijado en 26.000, según anunció el ministro de Inmigración, Brice Hortefeux. "Por primera vez en una generación, el número de clandestinos ha empezado a disminuir", dijo en conferencia de prensa.
Este incremento en el número de expulsiones responde al aumento de los retornos voluntarios que representan más de un tercio del total, según el ministro, quien precisó que las expulsiones forzosas no llegan a las 20.000.
Del total de expulsiones o "alejamientos", que se rigen bajo la Ley del Retorno , en 2008, 10.072 fueron voluntarios, lo que representa un aumento del 204 por ciento con respecto a 2007, añadió el funcionario de migraciones. Muchos de esos retornos voluntarios corresponden a ciudadanos de nacionalidad rumana y búlgara, aunque el ministro subrayó el hecho de que "la ley se aplica a todos", independientemente de sus países de origen.
El ministro destacó el hecho de que Francia se convirtió en el país europeo con mayor número de demandas de asilo, un total de 42.513 en 2008. De esa cifra, el Gobierno otorgó el estatuto de refugiados a más de 11.000 personas, un 30 por ciento más que en 2007, lo que eleva a 140.000 el número de extranjeros que actualmente residen bajo la protección de Francia.
Otros países europeos se comportan de forma muy similar, ven al extranjero como el enemigo perfecto inyectándole rigor a las políticas migratorias, en España brasileños, argentinos y paraguayos encabezaron, durante el 2008, la lista de extranjeros "no comunitarios" rechazados en los cada vez más restrictivos controles migratorios que realiza el aeropuerto de Barajas, en Madrid, en donde los testimonios de maltratos, violencia y discriminación estan a la orden del día.
En Italia se decidió en noviembre que sólo se permitirá entrar a inmigrantes extracomunitarios con contratos de trabajo en algunas profesiones, por su parte Gran Bretaña puso en marcha un sistema de puntos idéntico al australiano, que reducirá al menos un 20% la incorporación de trabajadores extranjeros. Vladímir Putin anunció que Rusia dejará en la mitad los cuatro millones de permisos de trabajo programados para 2009 y en Holanda y Alemania se endurecen las políticas migratorias.
Esta situación tiene su correlato de este lado del océano pero en el norte, en Estados Unidos aumentaron los operativos para detener y deportar inmigrantes. Según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, noviembre cerró con 1.874.000 latinos desempleados, once mil más que en octubre y es éste el grupo que mayor riesgo tiene de ser expulsados. (Fuente: Diario Critica de la Argentina).

Aya Jaine tenía todas las de perder. En pleno embarazo, su madre, de 41 años, padeció la formación de un agresivo tumor que derivó en un derrame y una inminente muerte cerebral. Para ese entonces, Aya, sólo llevaba 25 semanas de gestación y pesaba apenas 0,95 kilos.
Fue a los dos días de la muerte cerebral de su madre, que sólo recibía asistencia mecánica para el bombeo de su corazón, que el milagro llegó. Un grupo de médicos británicos consiguió salvar la vida de la beba que nació por cesárea en el hospital John Radcliffe de Oxford el pasado viernes.
Jayne Soliman, su madre, que tenía 41 años, fue una reconocida patinadora de hielo profesional que en 1989 había sido campeona británica.
El padre de la pequeña, Mahmud Soliman, confundido entre la alegría y la tristeza simultánea, contó al diario Daily Mail que su esposa y él se alegraron mucho al saber que estaban esperando un hijo, después de que ella sufriera un aborto. "Es tan chiquitita, pero es una luchadora al igual que su madre", confesó a la prensa.
El equipo médico, explicó que la patinadora sufría un tumor agresivo que le provocó un derrame fulminante. Sin embargo, nada se pudo atravesar en el camino de Ana Jaine que, apenas salió del vientre de su madre, fue colocada en el hombro de la misma, antes de que su padre pudiera tomarla en brazos. Es que, como sucede en la mayor parte del género femenino, uno de los grande deseos de Jayne Soliman era ser madre, relató Mamad, de 29 años.
La pequeña se recupera por el momento en una incubadora.
Aunque se trata de casos excepcionales, esta no es la primera vez que un bebe se mantiene con vida en el vientre de una madre muerta. En 1999 nació en el hospital de Cabuenes de Gijón, en el norte de España, un niño en la víspera de Año Nuevo cuya madre estaba clínicamente muerte desde mediados de noviembre. (Fuente: Diario Critica de la Argentina).

El lehendakari (presidente del Gobierno Vasco), Juan José Ibarretxe, fue el primero de los imputados en entrar hoy en el Palacio de Justicia de Bilbao, al que accedió sobre las nueve de la mañana, en la segunda jornada del juicio que contra él y otros dirigentes del PSE-EE y Batasuna se sigue por las conversaciones que mantuvieron.
Ibarretxe accedió al Palacio de Justicia acompañado de su mujer, la vicelehendakari, Idoia Zenarrutzabeitia, del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, y los diputados generales de los tres Territorios, José Luis Bilbao, Markel Olano y Xabier Agirre, así como varias decenas de personas más, después de que ayer el presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, realizara un llamamiento a los militantes jeltzales para que apoyaran al lehendakari.
El jefe del Ejecutivo vasco fue el primero de los imputados en acceder al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ya que todavía no lo habían hecho el secretario general del PSE-EE, Patxi López, el ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, ni el resto de encausados. La vista oral tenía previsto su inicio para las nueve y media de la mañana.
En la sede del PNV de Sabin Etxea, junto al Palacio de Justicia, se desplegó una pancarta con el lema 'Lehendakari, zurekin bat!!!' (Lehendakari, --somos-- uno contigo), junto al logo de la formación jeltzale. (Fuente: MSN Noticias).

Pese a que existían dos fallos judiciales adversos, Néstor compensó -poco antes de dejar el poder a Cristina- a un hotelero croata por negocios durante la dictadura. La trama y los protagonistas del escándalo. L. Geuna y D. Genoud para el Diario Critica de la Argentina.

Pocos días antes de que Néstor Kirchner le ceda el poder a su esposa, el Ministerio de Economía pagó una deuda ilegítima de 54 millones de pesos a un grupo de empresas de seguros extranjeras ligadas a un croata acusado de lavado de dinero. La operación se concretó pese a que el reclamo había sido rechazado en primera y segunda instancia en la Justicia. El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, acaba de denunciar la maniobra ante el juzgado de María Romilda Servini de Cubría.
El factótum del pago fue Juan Cayetano Intelisano, un contador que maneja la administración del ministerio desde hace veinte años y era entonces subsecretario de Legal y Administrativa de la cartera. La declaración jurada que Intelisano presentó en la Oficina Anticorrupción en 2007 muestra que no es uno más: figura en el top five de los funcionarios más ricos del gabinete nacional, detrás del matrimonio Kirchner y Enrique Albistur.
La investigación se originó en un sumario administrativo que abrió el propio Ministerio de Economía, que conducía Miguel Peirano, después de realizado el pago. Sin embargo, el gobierno nacional desistió de presentar una denuncia penal cuando descubrió el ilícito. El caso llegó a preocupar tanto en lo más alto de la administración K que el propio ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se ocupó personalmente del tema a través de su amigo Fabián Musso, el abogado del Estudio Righi, al que conoce desde que eran estudiantes de Derecho.
Según las siete empresas demandantes, agrupadas bajo la denominación Accolade Pool, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS) tenía contratos incumplidos de reaseguro, celebrados en el exterior entre 1977 y 1982. La cabeza visible del pool fue, desde el comienzo, Iván Holjevac, un empresario que es dueño del hotel Las Cumbres en Punta del Este y se presenta como uno de los propietarios del hotel Conrad en esa ciudad. Holjevac figura en el informe de la Comisión Investigadora de Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados.
Pese a que las aseguradoras jamás aportaron sus contratos, la suma que el Ministerio de Economía pagó superaba largamente su reclamo. En los cálculos de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, la suma del monto más los intereses daba un resultado final de $9.715.311,42. Sin embargo, a pesar de que dos fallos judiciales consideraban ilegítima esa demanda, el Estado argentino desembolsó $53.963.112 en efectivo. Por esta razón, la FIA afirma que “no puede descartarse como hipótesis que los acreedores hayan acordado por una suma menor quedando el resto como pago de comisión, indebida, por las gestiones de cobro. Un cohecho”.
Intelisano no estuvo solo en la maniobra. Contó con el respaldo de un grupo de funcionarios con los que había alcanzado un aceitado funcionamiento y con los que replicó una operatoria que ya se había puesto en marcha en el caso Greco, la maniobra por la cual Economía estuvo a punto de pagar una deuda de 500 millones de pesos –sospechada de ilegítima– a través de una partida oculta en el presupuesto nacional. Entre los personajes que se repiten en ambos casos figuran el ex subsecretario legal del ministerio, Osvaldo Siseles, y la ex directora general de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink. Ambos están procesados por la justicia federal en la causa que involucra al grupo mendocino y fueron piezas clave en el engranaje que autorizó la cancelación de la deuda con Accolade Pool. En uno de sus dictámenes aprobatorios, Eggink –que fue eyectada a fines de 2006, tras el escándalo Greco– afirmó que las empresas demandantes resultaban “ser titulares de créditos firmes emergentes de sentencias que condenan a la CNAS y en consecuencia al Estado nacional”.
El expediente 22.654/96 entró al Ministerio de Economía en 1996, pero recién se movió a partir de 2003, con el kirchnerismo en el poder. En la demanda, dos grupos de empresas, Overseas Union Insurance Limited y otros y Universal Marine Insurance Company reclamaban la ejecución de una sentencia del Tribunal Comercial de Inglaterra contra la ex CNAS por contratos incumplidos por el cierre de la entidad. El reclamo, entonces, no llegaba a los cinco millones de pesos. En paralelo, los supuestos acreedores hicieron demandas judiciales que perdieron sin excepción: en el primer caso, el 29 de diciembre de 2003, un juez de primera instancia argentino dijo que “no se había logrado demostrar la competencia del juez inglés” y los demandantes apelaron. Dos años después, la Justicia volvió a negar la legalidad del reclamo. El caso había llegado a la Corte pero el máximo tribunal no tuvo que expedirse: de manera incomprensible el Ministerio de Economía decidió emitir el pago de contado. Unos días después, los acreedores desistieron del recurso ante la Corte. Dice Garrido en su presentación: “En el momento en que se decidió pagar, el Estado se encontraba en inmejorable posición para no hacerlo”.
El fraude que denuncia la FIA tuvo un avance fundamental en 2005, cuando los abogados volvieron a reclamar la deuda. Entonces la liquidación de la ex Caja estaba en manos del Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado (INDER), que a su vez dependía para la autorización de los pagos de la subsecretaría Legal de Siseles y de la Dirección de Asuntos Jurídicos a cargo de Eggink. En base a una nueva propuesta de los acreedores, la funcionaria firmó otro dictamen decisivo que omitió algunos datos que hubieran permitido al Estado negarse a pagar lo reclamado. Esto es, que nunca se presentaron copias de los contratos entre CNAS y el pool demandante, y que en el fallo del tribunal inglés no hay datos acerca del monto de los contratos. Entonces, el cálculo de la deuda –si se la considerase válida– apenas alcanzaba los diez millones de pesos. En junio de 2006, Eggink devolvió el expediente al área de Liquidaciones con una sorpresa: afirmó que se habían olvidado algunas actualizaciones y la suma ya llegaba a 41 millones de pesos. Un año después, un informe de la contadora Silvia Marchi, de coordinación de negocios en el exterior, llevó la suma hasta los $53.963.112 que, finalmente se abonaron en noviembre, con la firma de Intelisano. Era la resolución Nº 200 de la Subsecretaría de Legal y Administrativa.
Así lo describe Garrido: “Al contrario de lo que refleja la actuación judicial del Estado en este proceso, la actividad administrativa se dedicó, encabezada por el contador Intelisano, a saltar obstáculos, incluidos los que les señalaban otros organismos del Estado como la Procuración del Tesoro de la Nación, hasta conseguir su objetivo: pagar. Pagar a toda costa, contra viento y marea, contra decisiones judiciales y administrativas y en pugna con las más elementales razones de prudencia exigibles a un funcionario público ante una cuestión de tamaña importancia y magnitud”. Al día de hoy, Intelisano sigue ocupando su despacho en el séptimo piso del Ministerio de Economía.
Un refugio en la cueva de Guinea
En las maniobras de presunto lavado aparecen empresas vinculadas con la cueva financiera que funciona en el consulado de Guinea Bissau, revelada por el diario critica el 30 de noviembre pasado. En el sexto piso de 25 de Mayo 293 se cambian, en negro, siete millones de pesos en cheques por día. El negocio de sus dueños es doble: no sólo cobran la comisión por cambiar el cheque por efectivo sino que también agregan a los costos de sus clientes, el cobro del impuesto al cheque. Sin embargo, la “cueva” tiene registradas una red de sociedades exentas de ese impuesto. O sea, la plusvalía es muchísimo mayor que la mera comisión. Según la denuncia del fiscal Garrido, la plata del caso que se publica en estas páginas pasó por ahí. El depósito más grosero pagado por el Ministerio de Economía fue a parar a la cuenta de Jorge Pallavicino. Son casi 40 millones de pesos, transferidos en el mismo día a Finex Sociedad de Bolsa. Esa empresa está en blanco pero sus movimientos se cruzan constantemente con los de la cueva. Además, hasta 2007 compartía oficinas con el consulado. El depósito que recibió Darío Morresi fue derivado en cheques a una empresa llamada Avincor, que automáticamente distribuyó los fondos en distintas sociedades: dos de ellas, Pago Rural y Transportes del Alba, aparecen en el expediente judicial que investiga a las empresas que canalizarían la mayor parte del volumen de dinero de la cueva. El dinero finalmente, habría quedado en manos de Iván Holjevac, el croata mencionado en el informe de lavado de dinero del Congreso de la Nación.
Las aventuras de Iván Holjevac
Las revistas y los suplementos de turismo presentan a Iván Holjevac como un arquitecto ecléctico y aventurero. Hablan de su padre dinamitero-constructor en los montes del Zillertal del Tirol y de la familia que formó en Buenos Aires y lo acompaña en cada uno de sus emprendimientos.
Este empresario hotelero que nació en Croacia hace 66 años es el dueño del imponente Hotel Las Cumbres de Punta del Este y al menos hasta 2005 solía presentarse también como accionista del Hotel Conrad de esa ciudad.
Pero los retratos sobre Holjevac omiten que su nombre apareció en el informe que la comisión investigadora de lavado de dinero de la Cámara de Diputados presentó en 2001: figura como cliente del estudio Vignoli-Laffitte-Lublinerman. Dice ese informe: “La Comisión recibió documentación probatoria de la rutina de funcionamiento regular entre los clientes argentinos y un estudio jurídico contable que vende primero y administra después –en Buenos Aires– sociedades anónimas uruguayas. Dicha documentación –comunicaciones internas del estudio Vignoli-Laffitte-Lublinerman– demuestra fehacientemente que mediante mecanismos de otorgamiento de poderes y delegación de funciones se monta en realidad una mecánica probablemente elusoria de los deberes fiscales de los ciudadanos argentinos”.
Él y su hijo Federico –también involucrado en la denuncia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas– dieron la vuelta al mundo dos veces, cada uno en una camioneta Hummer.
Ahora, la justicia lo tiene nuevamente en la mira por un caso de lavado de dinero. La diferencia es que, esta vez, sobran datos sobre la ruta del dinero y la operatoria de traspaso entre distintas compañías que –según la FIA– terminan siempre en el arquitecto croata.
LA GIRA LOCA DE LA GUITA
El escándalo no está solo en el pago de la 54 millones de pesos. También está en el cobro: Una vez depositado el dinero, los billetes se perdieron en decenas de operaciones bancarias que intentaron ocultar el verdadero destinatario: el croata Iván Holjevac.
Con esta información, los fiscales Manuel Garrido y Raúl Pleé denunciaron por lavado de dinero al empresario, a los representantes legales de las empresas acreedoras y a una cadena de sociedades fantasma.
En el momento en que el contador Juan Cayetano Intelisano firma la resolución Nº 200, el Ministerio de Economía deposita los 54 millones divididos en tres cuentas. $39.393.072,12 a nombre de Jorge Roberto Pallavicino, $9.173.729,12 a Jorge Enrique Rodríguez y $5.396.311,25 a Darío Alejandro Morresi, representantes de las sociedades que componían Accolade Pool, la demandante al Estado.
La maniobra tiene dos etapas: una fue previa al depósito. Accolade cedió el 27% de sus acreencias a Holjevac quien después cedió su parte a otros, que finalmente también remiten a él. Un ejemplo: Morresi, uno de los cobradores, que recibió cinco millones, es socio de Federico Lionel Holjevac, el hijo del empresario. Además, la mayoría de los involucrados fijó domicilio en las oficinas que el croata tiene en Alicia Moreau de Justo 1080.
Cuando finalmente los fondos fueron depositados en la cuentas, comenzó una operación a máxima velocidad. Pallavicino recibió su pago el 22 de noviembre y en un solo día, los transfirió a la cuenta corriente del Banco de Valores SA, que los derivó a su sede uruguaya que a su vez los transfirió a manos de otra sociedad de ese país que realizó operaciones de compra y venta de títulos que luego se vendieron para comprar dólares. Así, el 23 de noviembre, retiraron casi 40 millones en efectivo que ya se habían perdido en el sistema.
Morresi cobró el 4 de diciembre y ese mismo día libró cheques a nombre de la sociedad uruguaya Avincor SA quien a su vez endosó la plata en 36 cheques a siete sociedades distintas. La misma operatoria utilizó Rodríguez que cobró y endosó cheques a 7 sociedades, muchas de ellas vinculadas con una cueva financiera que está siendo investigada por la justicia penal tributaria (ver aparte). Los cobradores habría intentado –según la denuncia de Garrido– “otorgar una apariencia lícita a los fondos de origen espurio”.
EL TERCER HOMBRE MÁS RICO DEL PODER.
Juan Cayetano “Yani” Intelisano, el contador que se esmeró para cumplir con un pago irregular de 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras extranjeras, es el dueño de la tercera fortuna del Gobierno, detrás del matrimonio Kirchner y del secretario de Medios, Enrique Albistur. Tiene 2.746.000 pesos, acumula cinco denuncias en su contra en la Oficina Anticorrupción (OA) y oculta un pasado como funcionario de la dictadura militar en Esteban Echeverría. Pese a que trabaja hace 39 años en la administración pública (a un sueldo promedio y a valores actuales de 8.000 pesos), en la cartera que hoy conduce Carlos Fernández afirman que su patrimonio tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años. La OA ya lo investiga por enriquecimiento ilícito. “Hace diez años, sus hijos iban a la escuela 37 de Monte Grande. Hoy está construyendo dúplex por todos lados”, asegura un dirigente del PJ bonaerense.
Intelisano admitió en su última declaración jurada como subsecretario, de 2006, que posee acciones en Acindar, Agrometal, Siderar, Aluar, Tenaria, Grupo Financiero Galicia, Molinos Río de la Plata, Petrobras Energía, Banco Francés y Pan American Energy. Es propietario de una camioneta Honda Accord y de un número ascendente de terrenos en Monte Grande, Bragado y Luis Guillón.
Yani tiene fueros: ganó por concurso el cargo de director general de Administración de Economía que hoy ejerce. Desde allí decide todas las licitaciones del ministerio, desde la limpieza del edificio hasta el abastecimiento del comedor, pasando por el cuidado de las plantas.
En 2006, el kirchnerismo premió a Intelisano: la ex ministra Felisa Miceli lo ascendió y lo convirtió en subsecretario, el escalafón desde el que consumó la maniobra que ahora investiga la Justicia. Cuando funcionarios del propio ministerio detectaron el pago irregular, Intelisano retornó a su cargo anterior de director a cambio de que el sumario interno que le habían iniciado quedara en el olvido.
Debutó en la función pública en abril de 1970, sobre el final de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Años más tarde actuó como la mano derecha de Alberto Groppi, el ex intendente que entre 1979 y 1983 gobernó el partido de Esteban Echeverría. En ese período, Intelisano fue su secretario de Hacienda. Ya en democracia, Groppi fue electo jefe comunal en dos oportunidades y su amigo de la infancia volvió al poder. Pese a que no tenía cargo, conservaba un despacho pegado al de Groppi y una cochera en el edificio de la comuna. “Saquearon el municipio”, le dijo a Crítica de la Argentina el actual intendente, Fernando Gray, quien afirma además que tanto Intelisano como su amigo tenían relaciones con el general Ramón Camps, bajo cuya jurisdicción estaba ese partido del sur del conurbano bonaerense.

La guerra fría entre el matrimonio K y el vicepresidente Julio Cobos tuvo otro capítulo mediático en la noche del viernes, cuando Cleto estuvo presente en el festival de doma y folklore de Jesús María, Córdoba, junto al gobernador Juan Schiaretti. Es que Canal 7, responsable de la transmisión, censuró y no mostró la presencia del funcionario.
Una fuente del canal le confirmó al diario Critica el “telefonazo desde arriba que mandó un corte” en el momento que aparecía en pantalla el Vicepresidente. Es más, desde la emisora confirmaron que “la orden es no darle pantalla a Cleto en el canal”.
"La verdad que no entiendo estas cosas, habrá que preguntarle a la gente del canal. Bueno, no tendrán la imagen, pero ustedes ven, los comentarios son más que las imágenes. Yo no he buscado esta situación", afirmó Cobos en declaraciones reproducidas por radio Mitre 810.
Autoridades de Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba, que compartió la transmisión con la emisora estatal, admitieron al diario La Voz del Interior que existía una "precaución" para no otorgarle "connotación política" al tradicional acontecimiento.
Desde la emisora cordobesa se aclaró que si bien del operativo de la transmisión participó casi por igual la misma cantidad de personal de uno y otro canal, el productor y el director general de la transmisión fueron integrantes de la emisora oficial.
Schiaretti, quien también encabezó el acto de apertura, tampoco fue mostrado en la transmisión. En las horas previas a la ceremonia de apertura había circulado la versión de que había una orden de la Casa Rosada para que Cobos no apareciera en pantalla.
El vicepresidente Cobos llegó a las 21.50 al predio del festival, acompañado por el intendente local, Marcelino Gatica, y el senador nacional Carlos Rossi, entre otros. Fue recibido por el gobernador Schiaretti, con quien tuvo un trato cordial.
Hubo cuatro momentos en los cuales quedó en evidencia la decisión de censurar de la pantalla oficial al vicepresidente y al gobernador de Córdoba. Ambos fueron nombrados fuera de la transmisión televisiva.
Luego, siempre dentro de la ceremonia oficial, cuando Cobos recibió un poncho y Schiaretti, un facón, en la pantalla pusieron publicidad.
Después, cuando el presidente del Festival, Esteban Martos, invitó al vicepresidente y al gobernador a inaugurar la nueva tribuna, las pantallas mostraron la obra, pero sin planos de las autoridades presentes.
Por último, uno de los presentadores nombró al vicepresidente Cobos y en los dos canales realizaron un abrupto corte de la transmisión para retomarla cuando concluyó la mención.
REPUDIO RADICAL. El titular de la UCR cordobesa, Mario Negri, repudió el presunto acto de censura del que habría sido víctima el vicepresidente Julio Cobos por parte de Canal 7 durante el Festival de Jesús María y consideró que fue una "maniobra burda y grosera".
"El canal de la Universidad, encargado de transmitir también la edición del festival, deberá aclarar de qué manera y por qué razón ocurrió este inadmisible hecho, a los fines de deslindar responsabilidades", manifestó el dirigente radical en un comunicado.
"El radicalismo repudia por grosera y burda maniobra la censura aplicada por el gobierno nacional a través del canal oficial a la presencia del Cobos en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María", informó Negri.
A su vez, el dirigente señaló que este mediodía se comunicó de manera telefónica con el Vicepresidente para expresar "su solidaridad y el absoluto repudio por la grosera y burda maniobra de censura".
De acuerdo a sus declaraciones, "la censura es ejercicio autoritario del poder y, consecuentemente, es inaceptable para cualquier ciudadano o expresión diferente". (Fuente: Diario Critica de la Argentina).