España: Baltazar Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo y de la Guerra Civil

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha declarado competente para investigar los crímenes los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el franquismo.
El magistrado adopta la decisión al entender que se trata de delitos de detención ilegal en un contexto de crímenes contra la humanidad.
Además, Garzón ha autorizado las exhumaciones de 19 fosas supuestamente de víctimas de la Guerra Civil, entre las que se supone que están enterrados los restos del poeta granadino Federico García Lorca.
Contra altos organismos
En opinión de Garzón, el alzamiento nacional fue un delito contra altos organismos de la nación —que competen a la Audiencia Nacional—, y no han prescrito al estar en conexión con las desapariciones forzadas que se produjeron en aquellos años.
En su auto, Garzón pide a los registros civiles los certificados de defunción de Francisco Franco y otros 34 generales franquistas, a fin de poder declarar extinguida la responsabilidad penal que pudieran tener en el delito investigado.
Asímismo, el juez solicita al Ministerio del Interior que identifique al mayor número de dirigentes de la Falange Española entre junio de 1936 y diciembre de 1951 para imputarles o declarar extinguida su responsabilidad si hubieran fallecido.
La Fiscalía ha anunciado que recurrirá la decisión de Garzón porque considera que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para ello.
Según fuentes de la Fiscalía, los argumentos en que se basará el recurso serán que los delitos han prescrito con motivo de la Ley de Amnistía (1977), que los hechos son, en todo caso, competencia de los juzgados territoriales y que el concepto de crímenes contra la Humanidad, en que Garzón enmarca la competencia de la Audiencia Nacional, comenzó a aplicarse desde los juicios de Nuremberg en 1945, ya en pleno régimen franquista.
Antes de que Garzón admitiera hoy a trámite las denuncias de veintidós asociaciones de desaparecidos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya pidió en enero que no las admitiera por entender que no hay razón jurídica para iniciar un procedimiento y porque la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar estos hechos, ya que la doctrina establecida por el Tribunal Supremo permite aplicar al caso la Ley de Amnistía.
La Fiscalía ya solicitó en febrero pasado la inadmisión a trámite de la querella por estos mismos motivos.
Listado de víctimas
Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.
De toda España
El listado entregado a Garzón recoge datos de las 17 comunidades autónomas, entre las que destaca Andalucía, con 29.091 víctimas; Valencia, con 28.892; y Castilla y León, con 15.269. Además, el juez ha recibido el nombre de 10.266 víctimas de Extremadura, 10.178 de Aragón, 9.759 del País Vasco, 7.885 de Castilla-La Mancha, 4.396 de Galicia, 3.431 de Navarra, 2.995 de Madrid, 2.535 de Cantabria, 2.400 de Catalunya, 2.007 de La Rioja, 1.777 de Baleares; 1.246 de Asturias, 855 de Murcia, 457 de Ceuta, Melilla y el norte de Africa, 262 de Canarias y 7 de otros territorios.
Investigar ambos bandos
"No se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil".
Garzón ha explicado —a través del auto— que la investigación se realizará "con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase y sin que se establezca razón de diferenciación alguna entre ellos".
El magistrado cree que la acción de la Justicia "debe desarrollarse con el máximo respeto para las víctimas de estos crímenes execrables y gravísimas violaciones de los derechos".
Sin embargo, explica que un examen "imparcial y sereno de los hechos" le conduce a considerar que los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora.
"No aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado", añade el auto. (Fuente: publico.es diario de España).