<strong>Un interesante análisis sobre la propuesta original del poder ejecutivo para la privatización de Aerolíneas</strong>

La propuesta sobre Aerolíneas Argentina, que envió Cristina Kirchner al Congreso demuestra, por la vía del absurdo, que el debate sobre la relación del Estado con las empresas privadas, es cada vez más indispensable.
Basta con leer los fundamentos del texto que discutirán hoy los diputados. Una pieza que alcanzará la celebridad jurídico-literaria por lo excéntrica. Si no es que inspira un escándalo mayor.
El mensaje de la Presidenta a las cámaras reconstruye la historia de Aerolíneas y de la administración que debía controlarla. Ese informe demuestra que el sector público argentino es incapaz de hacer cumplir las normas a las empresas sometidas a su regulación. Moraleja no cabe esperar otro destino para un proyecto de estatización.
Cuando comienza a narrar lo que ocurrió a partir de 2003, es decir, de la llegada de Néstor Kirchner al poder, el texto pasa de la incongruencia a la autoincriminación. Mejor evitar comentarios y consignar el contenido de esa introducción al proyecto de Ley.
El Poder Ejecutivo afirma que, a partir del 25 de mayo de 2003, el Estado -como agente de contralor y a la vez socio minoritario-, se abocó al estudio de los balances de la compañía, debiendo rechazarlos por la falta de información y por las irregularidades detectadas. Lo mismo sucedió, afirma, en 2004 y 2005. Es decir, durante tres años el accionista mayoritario, el grupo Marsans, insistió en esos vicios que la gestión de Néstor Kirchner le reprochó desde que llegó al poder. Pero, se reconoce, no hubo forma de corregir o de evitar lo que se denunciaba.
Al contrario, el gobierno actual admite que "sin perjuicio de todas estas irregularidades y con el objeto de no afectar el servicio público en cuestión", mantuvo las rutas concesionadas en cabeza de Aerolíneas. No se detiene allí sino que agrega: "para garantizar la continuidad de la empresa y facilitar su acceso al crédito (atento que en 3 años vencían las rutas concesionadas) se le renovó la concesión para explotar servicios internos e internacionales".
Como si lo anterior no se hubiera dicho, dos fojas más adelante, los fundamentos que le hicieron firmar a la Presidenta citan el Código Aeronáutico para recordar que no se pueden dar concesiones sin constatar previamente la capacidad técnica y económico-financiera del explotador.
El proyecto consigna varios acuerdos con el grupo Marsans -en uno de ellos se amplió la participación del Estado- con la intención de corregir los incumplimientos. Ese propósito no se alcanzó, a pesar de lo cual, el Gobierno confiesa haber desistido de las acciones judiciales que había iniciado por la incorrección de los estados contables de la empresa a lo largo de tres ejercicios.
También recuerda que en noviembre de 2007 el Estado intentó combatir los vicios ampliando su participación en la empresa al 20% del capital accionario. Pero reconoce que tampoco de ese modo alcanzó su objetivo.
Como si fuera una broma, el texto pasa a enumerar los innumerables y muy precisos controles que la autoridad aeronáutica debe ejercer sobre las compañías aéreas. Parece ignorar que pasaron ya 5 años desde que Jaime está en el poder sin tomar esos recaudos.
En síntesis: a lo largo de 25 fojas el ministro de Planificación Julio De Vido -con el candoroso acompañamiento de Massa- demuestra, sin necesidad de convocar a la oposición, su fracaso de un lustro en el ejercicio del control sobre una empresa que llegó (según ese mismo relato) a una situación tan calamitosa que debe ser estatizada.
Éste es el fallido lógico más relevante de toda la argumentación: ¿por qué se propone al Estado como administrador de la empresa si ni siquiera pudo controlarla?
El proyecto ofrece más curiosidades. Una involucra especialmente a Massa. No está en los fundamentos sino en el articulado.
El artículo 8° establece que todos los organismos del Estado están autorizados a transferir recursos a Aerolíneas y Austral para garantizar la prestación de los servicios y también "los gastos derivados de la compra".
La enumeración de esos organismos a los que se "autoriza" es impensable. Massa y De Vido autorizan a derivar fondos y prestar asistencia financiera a esas compañías de aviación "a las jurisdicciones, entidades, fondos fiduciarios y empresas públicas del Sector Público Nacional y al sistema financiero público y privado" (¿los bancos privados requieren de un permiso especial para prestarle a un cliente?)
En el párrafo siguiente el artículo establece que esas transferencias le serán "informadas" a la Jefatura de Gabinete para que, a la vez, las consigne en su memoria ante el Congreso.
Esta afirmación supone una reforma constitucional ya que el jefe de Gabinete es el único autorizado a reestructurar partidas.
Más raro todavía es que el Gobierno quiera dar fuerza de ley a un procedimiento que ya puso en práctica con alto riesgo jurídico: en los últimos meses De Vido y Jaime transfirieron a Aerolíneas más de 200 millones de pesos sin autorización previa del jefe de Gabinete, quien se limitó a convalidar ese pase de fondos con una decisión administrativa posterior, cuando habría hecho falta una ley o un Decreto de Necesidad y Urgencia, como en todos los casos de subsidios al sector privado.
Era previsible que con estas falencias jurídicas y políticas Cristina Kirchner iba a conseguir otro fracaso en el Congreso, razón por la cual se realizaron varias reformas al proyecto y se omite la mención del acuerdo conel Grupo Marsans. (Fuente: Nota de Carlos Pagni en Diario La Nación).