Aunque el Gobierno buscará esta semana que gremios y cámaras empresariales avalen las estadísticas de Guillermo Moreno, la CGT se prepara para inaugurar su INDEC propio a fin de año. Descreídos de las cifras oficiales, los sindicalistas armarán una oficina para medir la inflación y el costo de la canasta familiar para los trabajadores de cada sector de la economía, tal como empezaron a hacer aisladamente algunos gremios desde que comenzaron las sospechas sobre el INDEC. A partir de esos números, los sindicatos que conduce Hugo Moyano fijarán sus reclamos de aumento salarial desde el año que viene.
La movida es un nuevo desafío de Moyano a Cristina Kirchner, quien avaló las cifras del polémico INDEC en su reciente visita a Nueva York. Y deja en abierto offside al jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien anunció la semana pasada en el Congreso que abriría la cocina del ente “a todos los organismos sociales y económicos”, para “terminar con los mitos y sensaciones” sobre la manipulación de los índices.
El encargado del proyecto es Horacio Ghilini, jefe del sindicato de docentes privados (SADOP) y secretario de Estadísticas y Defensa del Consumidor de la CGT. Entre los economistas que lo impulsan están los peronistas Eduardo Setti, Edgardo Rodríguez y Daniel Carbonetto. Paradójicamente, este último es un viejo amigo y compañero de militancia de Moreno.
Ghilini, sin embargo, convocó también al platense José Sbatella, quien renunció un mes atrás a la presidencia de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y está enfrentado a muerte con el secretario de Comercio. En las oficinas del SADOP en San Telmo, ya comenzaron a instalar los despachos desde donde se medirán los precios para las próximas negociaciones colectivas.
Massa dijo la semana pasada que el INDEC “no depende de la Secretaría de Comercio Interior”. No obstante, Moreno colocó al frente del instituto a gente de su confianza. A él responden políticamente la directora general, Ana Edwin, y la encargada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Beatriz Paglieri. También encumbró a Rubén Zampino y Hernán Brahim, fotografiados junto a él en movilizaciones kirchneristas, palo en mano.
El jefe del SADOP confirmó al Diario Crítica de la Argentina la iniciativa. "El equipo ya está trabajando sobre estadísticas preliminares. Queremos ir a canastas sectoriales sin competir con el INDEC, pero sí encarar un análisis de los datos desde otra óptica. Creemos que el modelo actual debió entrar en una etapa de sintonía fina y hoy vemos que hay promedios en los números que no son justos”, dijo el dirigente.
La distancia entre los números oficiales y los privados es significativa, y la polémica se instaló en enero del año pasado, cuando el Gobierno desplazó del INDEC a los técnicos encargados de medir la inflación. El organismo oficial sostiene que el alza anual del costo de vida no supera el 10% y las consultoras privadas estiman un 25 por ciento.
Desde la Casa Rosada se acusa a las consultoras de actuar a favor de los acreedores de la deuda indexada, que pierden unos 400 millones de dólares por cada punto de inflación que disimula el ente. Pero las manipulaciones también son denunciadas por los empleados del INDEC, miembro a su vez de la CTA. Sus dirigentes sostienen que la subestimación de las cifras oculta a dos millones y medio de pobres y casi dos millones de indigentes. Y advierten que, sin indicadores fiables sobre la verdadera evolución de los precios, los trabajadores pierden herramientas a la hora de reclamar que los salarios no pierdan la carrera contra la inflación. (Fuente: Diario Critica de la Argentina).
La movida es un nuevo desafío de Moyano a Cristina Kirchner, quien avaló las cifras del polémico INDEC en su reciente visita a Nueva York. Y deja en abierto offside al jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien anunció la semana pasada en el Congreso que abriría la cocina del ente “a todos los organismos sociales y económicos”, para “terminar con los mitos y sensaciones” sobre la manipulación de los índices.
El encargado del proyecto es Horacio Ghilini, jefe del sindicato de docentes privados (SADOP) y secretario de Estadísticas y Defensa del Consumidor de la CGT. Entre los economistas que lo impulsan están los peronistas Eduardo Setti, Edgardo Rodríguez y Daniel Carbonetto. Paradójicamente, este último es un viejo amigo y compañero de militancia de Moreno.
Ghilini, sin embargo, convocó también al platense José Sbatella, quien renunció un mes atrás a la presidencia de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y está enfrentado a muerte con el secretario de Comercio. En las oficinas del SADOP en San Telmo, ya comenzaron a instalar los despachos desde donde se medirán los precios para las próximas negociaciones colectivas.
Massa dijo la semana pasada que el INDEC “no depende de la Secretaría de Comercio Interior”. No obstante, Moreno colocó al frente del instituto a gente de su confianza. A él responden políticamente la directora general, Ana Edwin, y la encargada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Beatriz Paglieri. También encumbró a Rubén Zampino y Hernán Brahim, fotografiados junto a él en movilizaciones kirchneristas, palo en mano.
El jefe del SADOP confirmó al Diario Crítica de la Argentina la iniciativa. "El equipo ya está trabajando sobre estadísticas preliminares. Queremos ir a canastas sectoriales sin competir con el INDEC, pero sí encarar un análisis de los datos desde otra óptica. Creemos que el modelo actual debió entrar en una etapa de sintonía fina y hoy vemos que hay promedios en los números que no son justos”, dijo el dirigente.
La distancia entre los números oficiales y los privados es significativa, y la polémica se instaló en enero del año pasado, cuando el Gobierno desplazó del INDEC a los técnicos encargados de medir la inflación. El organismo oficial sostiene que el alza anual del costo de vida no supera el 10% y las consultoras privadas estiman un 25 por ciento.
Desde la Casa Rosada se acusa a las consultoras de actuar a favor de los acreedores de la deuda indexada, que pierden unos 400 millones de dólares por cada punto de inflación que disimula el ente. Pero las manipulaciones también son denunciadas por los empleados del INDEC, miembro a su vez de la CTA. Sus dirigentes sostienen que la subestimación de las cifras oculta a dos millones y medio de pobres y casi dos millones de indigentes. Y advierten que, sin indicadores fiables sobre la verdadera evolución de los precios, los trabajadores pierden herramientas a la hora de reclamar que los salarios no pierdan la carrera contra la inflación. (Fuente: Diario Critica de la Argentina).
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