El “nunca más” a la corrupción exige derrotar el “no te metás”

Por Ricardo Monner Sans

Tan pronto pude tener en mis manos la muy breve constancia levantada en la madrugada del 4 de agosto de 2007 –veintisiete renglones y medio– me pregunté qué era lo de Antonini Wilson. Porque los funcionarios actuantes, sin consulta a juez alguno o a fiscal alguno, calificaban derechamente el ingreso de u$s790.550 como una mera introducción de mercadería sin declarar. Es decir, como una infracción: artículo 978 del Código Aduanero.La novedad de estos días es que habría llegado “alguien” al sector de taxis aéreos para “arreglar” todo, y por eso el sujeto se habría hecho cargo de billetes ajenos. Si ese alguien existió, dato que en ese momento no tuve, queda claro por qué Antonini no queda detenido y por qué un órgano del Poder Ejecutivo califica lo que sólo podía haber calificado un órgano del Poder Judicial.Pero como me quedó el entripado de qué era esto de que con nuestros dineros se pagaran vuelos privados a Venezuela, requerí información documentada a la propia Enarsa. Fue el 10 de agosto (seis días después del extraño ingreso), porque me había llegado la versión de que el sujeto había estado en ¡la Casa de Gobierno! Alberto Fernández –jefe de Gabinete por entonces– salió a desmentirme que el valijero hubiera estado en la Casa de Gobierno.La fiscal del fuero penal económico –María Luz Rivas Diez, a quien en el tribunal se la tiene por mujer con agallas– confirmó que la dama Beresiuk había declarado sin vacilación alguna. Tanto ella, también viajera, como su jefe –Uberti– y Antonini habían estado en el ágape de la Casa Rosada.Entretanto, y en paralelo, aparecían dineros extraños del “mundo de la salud y de las obras sociales”, con cotizaciones singulares para la campaña de Cristina, la que nos había prometido mayor transparencia institucional. Muertes. Forza, cruces de una ministra con el jefe de campaña de los Kirchner.El escándalo venía en aumento y traté de enterarme de si Esteban Righi –en tanto procurador general de la Nación, jefe de los fiscales– había instruido a alguno de sus subordinados para que planteara la imprescindible investigación sobre los fondos allegados a la campaña electoral de la triunfante. Me enteré de que no, de que todo se centraba en una liviana actuación de un juzgado en lo penal económico.Harto de que paguemos sueldos en favor de organismos de control que nada controlan, me presenté ante la justicia electoral.Aporté bastante del buen trabajo periodístico, pero aporté aquello que a muy pocas horas del 12 de diciembre había yo recibido: la comunicación pública del Departamento de Justicia de EE.UU., que ponía en conocimiento la detención de tres venezolanos y de un uruguayo y hacía mención a dinero destinado a campaña electoral en la Argentina. Adjunté todo lo actuado por el FBI en la persona de Michael J. Lasiewicki, tanto en documentación en versión inglesa como en versión castellana. Ya tiene el juzgado electoral –su titular: María R. Servini de Cubría– la copia del “affidavit” (declaración jurada) emitido por Lasiewicki, en ambas lenguas y con la firma –no aclarada– del magistrado norteamericano. Lucen los varios documentos como una versión detallada de todo lo ocurrido.¿Se pondrán el juzgado electoral y el fiscal Di Lello los pantalones largos para ir a fondo? No lo sé, pero la democracia no se congela en votar cada dos años, sino en ejercer todos los derechos todos los días. ¿Que ello supone lucha? Claro. ¿Que nadie me garantiza el triunfo? Claro. Pero alguna vez tenemos que pensar que el “nunca más” exige derrotar el “no te metás”, porque la lucha es la que dignifica la calidad humana. (Fuente: Diario Critica de la Argentina).