El oficialismo (tal como estaba previsto) logró en el Senado que se aprobará la ley de movilidad de haberes jubilatorios impulsada por el Poder Ejecutivo, tal como había salido de Diputados el 4 de septiembre.
El texto fue aprobado en general por 45 votos a favor y 22 en contra, pero en la votación particular, el artículo sexto, que contiene la polémica fórmula de actualización, se sancionó por 39 sufragios a 28.
Según está estipulado, las actualizaciones se realizarán dos veces por año, en marzo y septiembre, a través de una combinación de porcentajes de aumentos de los trabajadores activos, por un lado, y los incrementos de la recaudación del sistema previsional por el otro.
La Cámara debatió durante ocho horas la iniciativa en medio de un clima de tensión por el cuestionamiento cruzado entre varios legislados, y las noticias que indicaban que organizaciones de jubilados habían desbordado a la policía que había montado vallas junto al Congreso y pugnaron, sin éxito, por entrar.
En la última sesión, realizada el miércoles 24 de septiembre, el kirchnerismo no había podido sancionar la norma de movilidad jubilatoria porque para habilitar el tratamiento necesitaba el respaldo de 46 legisladores, los dos tercios de los 69 senadores presentes, y sólo consiguió 43, contra 25 opositores que se expresaron en contra y consiguieron postergar una semana el debate.
Además de la fórmula sobre la cual se calculará el monto de los ajustes jubilatorios, hay un segundo punto polémico, realzado incluso por senadores de extracción oficialista. Este es un reclamo para que la ley entre en vigencia antes de fin de año, en vez de marzo próximo, o que las jubilaciones sean aumentadas antes de 2009, de modo de establecer "un piso" más alto al deprimido que tiene hoy.
Un tercer asunto crítico, que figuraba en el dictamen de la minoría, es un pedido de inclusión de un artículo que declare "la intangibilidad de los fondos de la seguridad social", para evitar, según dijo el senador radical y presidente de la Comisión de Trabajo Gerardo Morales, que "el Gobierno lo use como lo hace ahora: 5.000 millones para fondear el Banco Nación, 6.900 millones en letras del Tesoro y otras inversiones, como obras públicas.
ADEPTOS Y DETRACTORES. Mientras el kirchnerismo se aprestaba a aprobar la Ley de Movilidad Jubilatoria, en el Senado, surgieron voces opositoras que critican la norma, entre ellas la de la diputada María América González, quien afirmó que si sale "así como está habrá un aluvión de juicios por inconstitucionalidad".
Gerardo Morales también opinó que "la fórmula es confiscatoria, inentendible y con problemas en su aplicación: tiene dos variables, de las cuales siempre debe elegirse la menor" para fijar los aumentos de las jubilaciones.
Otro que se manifestó disconforme fue el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, porque “no es entendible el mecanismo que propuso la ANSeS para calcular las variaciones. Pone límite a los aumentos. Es tramposa y es un invento". Mondino además advirtió que continuarán los juicios al Estado para que “los abuelos tengan los beneficios que se merecen".
Si bien las dos centrales obreras, la CGT y la CTA, apoyaron el proyecto aprobado en Diputados, la CTA pidió una fórmula más sencilla. Su titular, Hugo Yasky, solicitó que la movilidad esté atada al "aumento de los salarios" y que la fórmula con la que se fijarán los incrementos sea "más sencilla" porque la actual es tan “compleja” que los tres equipos de economía que "tenemos trabajando no pueden llegar a un número igual". (Fuente: Diario Critica de la Argentina).

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