La celebración en ámbitos políticos y empresariales locales, como en los principales países que integran el Club de París, luego del anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la intención de cancelar toda la deuda con la entidad, podría sufrir un final de fiesta inesperado.El juez federal Norberto Oyarbide y el fiscal Patricio Evers quedaron a cargo de la primera presentación judicial que apunta a impedir que el Gobierno cancele la deuda con el Club de París, utilizando reservas monetarias del Banco Central. La presentación fue realizada por el ex diputado Mario Cafiero y por el abogado Ricardo Monner Sans, quienes además pidieron que se investigue a los funcionarios que firmaron el decreto que dispone el pago, entre ellos, la Presidenta.Los impulsores de la presentación los acusan del delito de "violación de deberes de funcionario público y defraudación en perjuicio de la Administración Pública".El escrito reclama que se "decrete la suspensión de los efectos del decreto para evitar la consumación de un posible delito". En ese sentido, explicaron que por el status jurídico del Club de París, que no está catalogado como "organismo financiero internacional", el Estado Nacional no está facultado para utilizar reservas monetarias (como anticipamos en nuestra entrada anterior). El escrito también advierte sobre la forma en que fue dispuesto el pago, mediante el decreto 1.394/8, que "no dice ser de necesidad y urgencia", pese a lo cual elude "excluyentes facultades que tiene el Congreso de la Nación Argentina para el pago de la deuda contraída con los países que conforman lo que se ha dado en llamar el Club de París".A esto hay que sumarle el eventual perjuicio que puede implicar para el Estado Argentino y su estrategia en el jucio contra los bonistas en default, la decisión de afrontar una deuda del Tesoro Nacional con fondos del Banco Central ( ver La cancelación de la deuda con el Club de París ¿Un brillante acierto o un fatal error? ). (Fuente: Diario Critica de la Argentina).

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