En un clima de máxima tensión, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó la condena de prisión e inhabilitación perpetua y costas a los ex jerarcas de la dictadura Antonio Domingo Bussi, de 82 años, y Luciano Benjamín Menéndez, de 81 años, imputados en la causa que investiga la desaparición del senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse, pocos días después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Al ex gobernador de Tucumán se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria por haber cumplido mayoría de edad, lo que generó la ira y ocasionó incidentes frente a la sede judicial a raíz de choques entre miembros de las fuerzas de seguridad y de organizaciones humanitarias y partidos de izquierda.En tanto, el lugar de detención del represor Menéndez aún será definido por el Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, pero se descarta que el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, será trasladado a Córdoba, donde ya fue condenado a prisión perpetua en cárcel común. Ambos estaban acusados de “privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, torturas y tormentos reiterados, condiciones tortuosas de detención, desaparición forzada de persona, homicidio calificado, asociación ilícita y genocidio”, en el marco de los delitos de lesa humanidad contemplados por los pactos y convenciones internacionales, que declaran imprescriptibles estos hechos.Dentro de una semana, los jueces Gabriel Eduardo Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Josefina Curi, del Tribunal Oral Federal de Tucumán- darán a conocer los fundamentos del veredicto. En los alegatos, el fiscal federal general Alfredo Terraf había reclamado la prisión perpetua de los acusados en el penal común de Villa Urquiza, revocándose así el beneficio de la prisión domiciliaria del que gozan."No les queda otra alternativa que la cárcel común. Es una burla que una persona que está acusada por delitos de lesa humanidad siga en un country, porque ambos están en condiciones físicas y psíquicas de estar un penal. La edad no da derechos ni privilegios", había destacado el fiscal. En tanto, la defensora oficial de Bussi, Amalina Assaf, había planteado la absolución de su cliente o, en caso de que sea condenado, que se mantenga la detención en el country donde vive, mientras el abogado de Menéndez, Horacio Guerineau, había pedido la absolución lisa y llana.Este fue el primer juicio oral que se realiza en Tucumán por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar.Bussi y Menéndez -recientemente condenado a reclusión perpetua en un juicio en la provincia de Córdoba- están acusados en unos 600 expedientes y ya están procesados en una veintena de ellos.Bussi fue jefe de la V Brigada de Infantería de Tucumán entre diciembre de 1975 y 1977 y, desde el golpe de Estado de 1976, ejerció la intervención militar de la provincia.Con la restauración democrática, fundó el partido Fuerza Republicana por el que fue elegido gobernador de Tucumán, cargo que ocupó de 1995 a 1999.Menéndez fue general del Ejército y tuvo a su cargo el III Cuerpo de la fuerza con asiento en la mediterránea provincia de Córdoba entre 1975 y 1979. Varios centros clandestinos de detención, entre ellos "La Perla", estuvieron bajo su control. (Fuente: Critica de la Argentina - Imagen: Infobae).
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