<strong>Minería a cielo abierto...escándalo, grandes negociados y contaminación</strong>

Más de uno debe preguntarse por qué existe cada vez más gente que se opone a la explotación de la minería a cielo abierto en nuestro país.
Para entender esta oposición, hay que aclarar que la minería a cielo abierto es bastante diferente de la minería subterránea tradicional.
Para apropiarse de los minerales y concentrarlos, una vez detectados por satélite, la compañía minera debe producir la voladura de montañas enteras, que son convertidas primero en rocas y luego trituradas, para aplicárseles luego una sopa de sustancias químicas que separan y capturan los metales del resto de la roca. Para ello se emplea cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas, acumulativas y persistentes, de alto impacto en la salud de las personas y el medio ambiente”.
La utilización de tecnología de avanzada y el uso de sustancias tóxicas se deben a que en la actualidad los recursos minerales con un cierto grado de concentración natural han sufrido una gran disminución cuantitativa y cualitativa en todo el planeta. Por otro lado, a raíz de la escasez y su estado de diseminación, cuanto más baja es la ley del mineral, mayor es la cantidad de explosivos y volúmenes de agua que se requiere.
DE MENEM A KIRCHNER. En la Argentina, la introducción de este modelo fue posible gracias a una serie de leyes promulgadas en los 90, bajo el gobierno de Menem, que favorecieron abiertamente la instalación de las grandes transnacionales mineras, a través del otorgamiento de beneficios y exenciones al capital transnacional. Entre esas ventajas se destacan la estabilidad fiscal por 30 años, la exención del pago de los derechos de importación, deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las Ganancias y otros privilegios no menos escandalosos.
Este marco regulatorio fue impulsado por José Luis Gioja, el actual gobernador de San Juan y el propio Ángel Maza, gobernador de La Rioja hasta 2007. Hace unos años, Néstor Kirchner no sólo confirmó la continuidad del modelo minero; también lo declaró un “objetivo estratégico”.
Según datos elaborados a partir de informes de la Secretaría de Minería, existirían 141 proyectos de minería metalífera a cielo abierto, en fase de exploración, que abarcan 12 provincias argentinas. Más de la mitad de esos proyectos se emplazarían en San Juan (22), Catamarca (9), La Rioja (10), Salta (22) y Santa Cruz (21). Tres proyectos se hallan en estado de explotación, entre ellos Bajo de la Alumbrera, en Catamarca; Veladero, en San Juan, y Cerro Vanguardia, en Santa Cruz. Para los próximos meses se prevé el inicio de la explotación de Agua Rica, en Catamarca.
Uno de los casos pioneros y emblemáticos fue el conflicto entre la población de Esquel, en Chubut, con la minera canadiense Meridian Gold. Gracias a la alerta dada por técnicos y ambientalistas de la región, la comunidad de Esquel se movilizó contra la explotación de una mina de oro a cielo abierto.
Finalmente, los vecinos autoconvocados organizaron un plebiscito en marzo de 2003 que arrojó un rotundo “no” a la minería tóxica, que reunió el 81% de la población. El “efecto Esquel” tuvo un arrastre multiplicador, despertando a otras regiones donde ya se han implantado o se proyectan emprendimientos mineros de gran envergadura. Frente a la resistencia de la población, en unas pocas provincias, Chubut, Río Negro, Mendoza y La Pampa, se sancionaron leyes que prohibieran la minería con uso de sustancias tóxicas.
LA MINERÍA, ACTIVIDAD FEUDAL. Un tema no menor es que la industria extractiva minera suele encontrar un terreno favorable en aquellas regiones marcadas por una matriz social muy jerárquica y poco diversificada desde el punto de vista económico, en donde imperan gobiernos provinciales y municipales de bajísima calidad institucional, donde las grandes empresas tienden a concentrar un número importante de actividades, reorientando la economía del lugar y conformando enclaves de exportación. Su peso económico es tal que no resulta extraño que los intereses mineros atraviesen y hasta sustituyan al Estado, menospreciando y violentando procesos de decisión ciudadana. De este modo, la minería a cielo abierto termina configurándose como una figura extrema, un modelo descarnado, en el cual las más crudas lógicas del saqueo económico y la depredación ambiental se combinan con escenarios grotescos, caracterizados por una gran asimetría de poderes, que parecen evocar la lucha desigual entre David y Goliat.
Uno de los casos de grotescas asimetrías es la provincia de San Juan, gobernada por José Luis Gioja, quien posee actualmente intereses económicos en el sector. En Calingasta, una localidad amenazada por las explotaciones mineras a gran escala y cuatro proyectos más en exploración, los habitantes y autoridades locales intentaron llamar tres veces a un plebiscito para consultar a la población si está de acuerdo con estos mega-emprendimientos, pero estos llamados fueron suspendidos por el tribunal electoral de la provincia, alegando que “el medio ambiente no es de competencia municipal”.
Por si fuera poco, a fines de 2007, se institucionalizó la criminalización de la protesta ambiental, cuando la Legislatura provincial sancionó un nuevo régimen contravencional que establece la condena con 30 días de cárcel o trabajo comunitario a todo aquel que “anunciando desastres, infortunios o peligros inexistentes provoque alarma en lugar público o abierto al público, de modo que pueda llevar intranquilidad o temor a la población”.
El caso del yacimiento Bajo de la Alumbrera, situado en Catamarca, que empezó a funcionar en 1997, permite ver en perspectiva el funcionamiento del modelo. Se trata del mayor emprendimiento minero del país, y se extiende en varias provincias: aunque se encuentra en Catamarca, el concentrado es transportado en un mineraloducto de 316 kilómetros que llega hasta Tucumán, atravesando poblaciones y lechos de río. Luego de su tratamiento y una vez obtenido los metales, éstos son transportados por un ferrocarril propio (el tren azul) hasta las instalaciones portuarias (también propias) de San Lorenzo, en Santa Fe.
Horacio Machado, investigador de la Universidad Nacional de Catamarca, indica que la compañía minera obtuvo un permiso de extracción de 1.200 litros de agua por segundo (alrededor de 100 millones de litros por día). Respecto del consumo de energía, para 2003, éste fue de 764,44 GW. Esto equivale al 170% del total del consumo de la provincia de Catamarca y al 87% de Tucumán.
Por supuesto, todos estos datos, que no son incluidos en el costo final del producto, presagian nuevos problemas, que van desde la escasez de agua hasta la demanda de construcción de nuevas represas hidroeléctricas, enteramente al servicio de las compañías mineras, algo previsto para los futuros emprendimientos.
Lo más notorio es que, hace unos meses, la compañía fue procesada por la justicia federal de Tucumán, por daños ambientales, constituyéndose en el primer fallo en Latinoamérica contra una minera. Además, desde el 6 de agosto de este año comunidades originarias y organizaciones de vecinos interrumpen el paso en la ruta 40, en el límite entre Tucumán y Salta, a cuatro camiones con insumos y maquinaria con destino a La Alumbrera.
Los vecinos movilizados consideran extender su lucha, luego de haber sido informados de los pedidos de destitución que enfrenta el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, quien dirige las actuaciones que motivaron el actual procesamiento del vicepresidente de la minera Bajo de la Alumbrera, Julián Patricio Rooney, por contaminación.
Es cierto que el “efecto Esquel” fue altamente beneficioso, pero produjo también el reacomodamiento de gobiernos provinciales, organismos nacionales y empresas transnacionales que multiplicaron sus intervenciones en defensa de este tipo de minería y ensayan ahora nuevas estrategias de “disuasión” que incluyen desde dudosas formas de responsabilidad social empresarial hasta la cooptación de universidades públicas, a través de subsidios y convenios de formación. Así, nada parece indicar que el gobierno actual revea los límites de su discurso desarrollista, contemple las demandas ciudadanas y se oriente hacia una verdadera discusión sobre las gravosas consecuencias sociales, económicas y ambientales de este tipo de minería. (Fuente: Diario crítica de la Argentina).