<strong>CFK firmó un decreto de necesidad y urgencia para ampliar el presupuesto</strong>

Cristina Kirchner rompió con el orgullo del que tanto se jactaba. Antes de partir a la cumbre presidencial de Chile para tratar la crisis boliviana, la Presidenta firmó hoy el primer decreto de necesidad y urgencia (DNU) desde que asumió la Presidencia, el 10 de diciembre de 2007. Lo hizo para ampliar en $ 36.000 millones los gastos del presupuesto de este año, un gesto que ratifica la debilidad política del Gobierno ante cualquier examen parlamentario. El jefe de Gabinete, Sergio Massa, subrayó que por decreto 1.472, la Presidenta amplió en 36 mil millones de pesos las partidas presupuestarias del 2008, pero aclaró que "eso no es mayor gasto, sino que hubo un incremento en los recursos" que fueron destinados a ese fin. Sin embargo, se trata, en rigor, de un aumento de gastos financiado con un incremento de recursos, y en algunos casos, de cambio en el destino de las partidas originalmente asignadas, de acuerdo con la agencia DyN. En la primera conferencia de prensa que ofreció en la Quinta de Olivos, el 2 de agosto pasado, con la intención de "refrescar" su imagen y la de su administración tras el derrumbe de las retenciones móviles, Cristina se había "lamentado" (sic) porque la prensa no había "resaltado" su decisión de avanzar en la gestión sin dictar DNU, que consideró un avance en la "calidad institucional" frente a mandatos anteriores. Entre ellos, el de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, quien pese a tener mayoría legislativa en el Congreso, durante su mandato firmó 249 decretos de necesidad y urgencia. El promedio de 55 DNU que emitió por año supera la marca de Carlos Menem, que firmó 37 en cada año de su década en el poder, según indicó en un artículo de diciembre de 2007 el diario La Nación. Según la agencia de noticias DyN, la decisión de extender la previsión de gastos presupuestarios había sido tomada con anterioridad, pero el anuncio se demoró frente a la discusión que atravesó la Casa Rosada acerca de la conveniencia de girar la discusión al Congreso o resolverlo por decreto. Con un oficialismo parlamentario debilitado tras el conflicto del campo, la Presidenta optó finalmente por tomar el camino del DNU y quebrar la racha. Los decretos de necesidad y urgencia fueron incorporados en 1994 al texto constitucional pero su uso se restringe a condiciones de excepcionalidad. CRÍTICAS URGENTES Y OPOSITORAS. "Es una claudicación institucional de la Presidenta, porque ella se había propuesto no firmar DNU, salvo en circunstancias excepcionales, como dice la Constitución", afirmó a DyN Ernesto Sanz, titular del bloque de senadores de la UCR. La senadora Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, advirtió que resultaba "extraño que firme un DNU porque la Presidenta había dicho que no lo iba a hacer y porque muestra la tendencia que ya tenía su marido, el ex presidente, que era pasar por encima del Congreso, manejando discrecionalmente los recursos superavitarios, que fueron desde el 2004 hasta ahora 54.000 millones de pesos de los recursos ingresados vía los decretos de necesidad y urgencia". Además de cuestionar su uso, Sanz apuntó contra el objetivo buscado por la decisión del Poder Ejecutivo: "el propósito de este DNU no es una cuestión excepcional de necesidad y urgencia; tranquilamente se podría haber enviado un proyecto de ley para incorporar el excedente de recaudación al presupuesto por ley", opinó. "Me parece que cuando se trata de hablar de la asignación de 38 mil millones de pesos que en realidad se utiliza para pagar más deudas externa, para aumentar los subsidios para transporte y energía o poner en marcha el Tren bala, desaparece la calidad institucional y se evita el debate parlamentario", criticó el diputado de la CTA, Claudio Lozano. En diálogo con DyN, el legislador consideró que la decisión revela que "es un tema demasiado importante" y exhibe "las dificultades que tiene el propio oficialismo para construir su consenso parlamentario". "Si no tuvieran debates internos no habría inconvenientes para mandarlo al parlamento", agregó. Lozano advirtió también que "esta ampliación se coloca al Banco Nación como financista del Tesoro, cuestión que está prohibido por la carta orgánica del Banco Nación y que elude por vía del decreto". (Fuente: Diario Critica de la Argentina).