Buenos Aires. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, ratificó ayer que el gobierno pretende permitir el ingreso de capitales privados a Aerolíneas Argentinas, aclarando que “La situación llegó a tal extremo que se tuvo que proceder a la compra de todo el resto del paquete accionario de Aerolíneas y Austral, ponerle valor a la empresa, ordenarla y posteriormente permitir el ingreso de capitales privados”,
pero advirtió que podría tratarse de una operación de “Estado bobo”.
señaló Jaime ayer.
Sin embargo, el diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur y economista de CTA, advirtió que "esta podría tratarse de una operación comercial de "Estado Bobo" y vaticinó que puede darse un nuevo debate ajustado en el Congreso si la propuesta de reestatización de Aerolíneas “es solo a efectos de limpiar los pasivos de la empresa para luego reprivatizarla”.
Hoy el Gobierno enviará la operación a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones para que apruebe la operación de reestatización acordada con el grupo español Marsans.
El gobierno sostiene que Aerolíneas tiene un pasivo de 900 millones de dólares de los cuales 240 millones son de corto plazo, y con un déficit operativo de 30 millones de dólares al mes.
Después del paso parlamentario se necesitará la aprobación de los accionistas en España, donde Marsans afronta un juicio del Estado por desvío de fondos otorgados a la operación de Aerolíneas.
Pero Lozano advirtió que “si se confirma que esto es un negociado para cubrir la deuda de 1000 millones de dólares va a haber elementos para cuestionar la operación y las nuevas condiciones que hay en el Congreso van a permitir debate más ajustado”.
“Tenemos que ver si estamos ante una tradicional operación de estado bobo que luego de permitir que vaciaran la empresa vuelve a correr con la deuda para dársela a otro privado”, sostuvo.
El legislador dijo que “todos sabemos que la aeronavegación es una actividad que requiere de subsidio y por la experiencia vivida no tiene sentido seguir poniendo recursos, sino controlarlos”.
“Es necesario saber si se justificó la intervención de la empresa por parte del Estado, o si no hubiera sido mejor dejarla quebrar” para que la deuda fuera asumida por el grupo Marsans.

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